
Entre varias
autoridades del Poder Ejecutivo quedó la convicción de que si la funcionaria
del Hospital Maciel no recurría a la Policía, Marcelo Pereira y Ariel Acevedo
seguirían asesinando pacientes hasta el día de hoy aun cuando las “sospechas”
habían llegado a oídos de las autoridades del centro asistencial, dijeron a Búsqueda
fuentes del gobierno.
Luego del éxito inicial
de la operación “Ángeles”, la Dirección de Crimen Organizado recibe cerca de 20
denuncias por día de personas que creen que un familiar suyo pudo haber sido
víctima de los procesados o de algún otro enfermero o doctor que aún este
libre.
Pereira y Acevedo
fueron imputados de homicidios cometidos en el Hospital Maciel (cuatro) y en la
Asociación Española (11).
Una de las líneas de
trabajo de la Justicia en el caso de los enfermeros procesados es determinar el
grado de responsabilidad de las autoridades de los centros asistenciales en los
que ocurrieron los homicidios.
Según los informantes,
desde hacía tiempo tres funcionarias sospechaban del enfermero Pereira, dos de
las cuales habían transmitido esa opinión a jerarcas del centro asistencial a
mediados del 2011.
En noviembre, una
funcionaria del Maciel que tenía dudas sobre Pereira recurrió al ex director de
Medicina Legal del Instituto Técnico Forense, Guido Berro, para solicitarle
asesoramiento sobre un tema poco habitual: quería saber “cómo podía probar” que
un enfermero estaba asesinando pacientes.
Berro le sugirió que
llevara adelante “una suerte de auditoría” de las historias clínicas, pero que
de ninguna manera “se tirase a la piscina” sin pruebas. Además, le explicó que
debía “hacer firmar” todos los planteos que hiciera para que quedara constancia
de lo que estaba sucediendo.
A partir de esas
sugerencias, la enfermera presentó una propuesta al director de la Unidad de
Cuidados Cardiológicos del Maciel, José Pedro Patritti, quien en diciembre autorizó
la creación de una comisión encargada de hacer un análisis de las muertes en
esa área, que es de cuidados intermedios.
En enero, como las
investigaciones internas no prosperaban, una funcionaria del Maciel decidió
recurrir directamente a la Policía. Durante una reunión con personal de Crimen
Organizado, la denunciante contó sus sospechas sobre Pereira y añadió que en la
“Asociación Española había un núcleo de enfermeros que mataban gente”. (Búsqueda
Nº 1.655)
Las pesquisas avanzaron
poco hasta que el 12 de marzo Pereira mató a Santa Gladys Lemos, una paciente
del Maciel. Ese hecho llevó a la Policía a tomar declaraciones a varios
funcionarios del centro asistencial y a pedirle a las autoridades del hospital
que “no tomaran ninguna acción administrativa con el trabajador”, pero
extremaran “las medidas de vigilancia en forma sigilosa” sobre el sospechoso,
según contó el ministro de Salud, Jorge Venegas. A la dirección del centro
asistencial se le dijo textualmente: “Pongan al mejor jugador de su equipo a
vigilar al goleador del equipo contrario”.
El enfermero fue
detenido el 16 de marzo por la tarde. El juez y los policías tenían claro en
ese momento que la evidencia contra Pereira era insuficiente para procesarlo y
que si no lograban avanzar rápido deberían dejarlo en libertad una vez cumplido
el plazo legal de 48 horas. “No tenían una prueba terminante”, relató Bonomi al
gabinete.
El interrogatorio
avanzaba y Pereira negaba todo. Después de una hora de fracasos, los agentes
decidieron cambiar la estrategia y tenderle una trampa.
“Dejate de mentir que
te tenemos filmado”, le dijeron.
Y Pereira cayó. El
enfermero lo creyó casi al instante y de ello culpó a “los electricistas”. Es
que días antes de su arresto, habían concurrido electricistas al Maciel para
hacer unos arreglos, pero el asesino dio por cierto que lo tenían filmado y
pensó que esos trabajadores eran en realidad agentes encubiertos.
A partir de ese momento
el enfermero se quebró y comenzó a colaborar con la Policía y a confesar la
comisión de los homicidios.
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Fuente: Semanario Búsqueda
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